Hoy los medios de comunicación y las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación nos dan la razón a quienes con justos argumentos pedíamos la judicialización de los vándalos que destruyen la ciudad y atentan contra la Policía Nacional. Son criminales y no podemos permitir que se escondan detrás de la protección constitucional a la protesta social.

Hace una semana en este recinto fuimos testigos de cómo muchos pretendían justificar las acciones de criminales y cómo la alcaldesa decía que su protocolo había sido un éxito cuando no lo fue. Sin embargo, a medida que pasan los días vamos conociendo quiénes son en realidad los criminales que atentan contra nuestra ciudad.

El diario El Tiempo dio a conocer que:

“Ya hay interceptaciones legales a comunicaciones y labores de seguimiento que indican que uno de los ‘cerebros’ de estas manadas de encapuchados está en Arauca y que desde allí nutre de fondos a las células que intentan sembrar el caos, infiltrando la protesta social y se sigue indagando si existe un nexo entre éstos y las disidencias de las FARC”

“Hay evidencia de nexos entre los agitadores y las llamadas redes de apoyo al terrorismo. Las autoridades tienen videos de cómo, en plenas movilizaciones, encapuchados recibieron dinero e instrucciones desde varios vehículos”, le dijo a EL TIEMPO, la primera semana de enero, un investigador.

Si estas declaraciones no son lo suficientemente graves como para que la Alcaldesa se tome la molestia de cumplir con lo que ordena la ley, especialmente el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, sobre la necesidad del ESMAD para controlar multitudes, no se qué lo es.

Se han encontrado “manuales de reclutamiento y formación de estudiantes para que ingresen a las filas de encapuchados” así como la famosa “libreta del vándalo”, donde se evidencia su organización y estrategias para atentar contra la vida de los funcionarios policiales y contra la infraestructura de la ciudad. 

Es inaceptable que sigamos creyendo que este tipo de comportamiento hace parte de una marcha “normal” y que toda la culpa se la lleva el ESMAD. Es inaceptable que solo se hayan capturado 5 personas entre las decenas que vimos en televisión nacional, en vivo y en directo, apedreando y maltratando oficiales, que para muchos son delitos menores pero que en realidad son delitos como la tentativa de homicidio y el concierto para delinquir. No son simples disturbios como nos quieren hacer creer.

Hago esta reflexión para que los organizadores de las marchas y la Alcaldía Mayor de Bogotá se tomen la molestia de atender el reclamo ciudadano y se den cuenta que no pueden hacerse los de la vista gorda ante semejante situación. Los vándalos se convirtieron en los peores enemigos de la protesta social pacífica, no permitan que se vayan sin castigo y sin reproche social, no permitan que se salgan con la suya, es nuestro deber proteger la protesta como derecho y no como licencia o concesión para criminales.

Los derechos de los vándalos no pueden prevalecer sobre los derechos de la ciudadanía en general. Por eso hay que castigarlos con mano dura, imponer las sanciones que contempla el Código de Seguridad y judicializar con prontitud a quienes cometen delitos de alto nivel.