La concejal Diana Diago denunció un nuevo caso de consumo de droga, esta vez en la localidad de Kennedy, por lo que recordó que Galán le incumplió a los ciudadanos ya que no expidió el decreto que prohíbe el consumo de droga en el espacio público y que prometió desde enero del 2024. Además, radicó nuevamente el proyecto que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas a 500 mts de parques y espacios públicos en la ciudad las 24 horas del día.
La permisividad de Galán frente al consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad le abrió la puerta a los jíbaros, a los delincuentes y a las bandas criminales que disputan el territorio, para que hagan de las suyas. Ante la situación, la concejal Diago tomó medidas en el asunto y reiteró su lucha para proteger a los niños, niñas y adolescentes de este flagelo.
“A esta ciudad se la tomó el microtráfico y el narcotráfico. No se puede permitir que los jíbaros sigan tomando fuerza en el espacio público envenenando a los niños y aquí no pase nada. Las comunidades están mamadas de ver los parques llenos de consumidores y de jíbaros,” afirmó la cabildante.
Una de las comunidades que denuncia el consumo de droga en espacio público se ubica en el parque Tabakú en la localidad de Kennedy. Los vecinos están desesperados por el aumento del consumo de droga en el parque, ya que interrumpe actividades sanas, como el deporte. “A nuestros hijos les toca entrenar baloncesto y microfútbol al lado de los jíbaros. El olor es terrible desde las 6 pm. Hemos hablado con la Policía y la alcaldía local pero nada que solucionan,” afirmó Carlos, vecino del sector, quien prefirió dejar su identidad de forma anónima.
Fragmento de video enviado por ciudadanos.
“Es nuestra responsabilidad salvar a los niños, niñas y adolescentes de la droga y la delincuencia. También promover los espacios públicos sanos para el disfrute de adultos mayores y familias. Galán le mintió a todos los bogotanos cuando en enero, exactamente hace un año, dijo que iba a expedir el decreto que prohibía el consumo de drogas en espacio público y luego de un año, no lo hizo, dejó la ciudad a merced del crimen” mencionó la concejal.
Desde el Concejo de Bogotá, la cabildante hizo varios llamados a la administración de Carlos Fernando Galán para que se expidiera el decreto que busca prohibir el consumo de drogas en los espacios públicos de la ciudad. Al no tener respuesta por parte del mandatario, la concejal ha buscado distintas alternativas para combatir este flagelo, una de ellas, es la radicación del proyecto de acuerdo 142 de 2025 presentado en el concejo de Bogotá para prohibir el consumo de sustancias psicoactivas.
Esta propuesta busca delimitar “un perímetro de quinientos (500) metros en espacio público” en el que se prohíba el consumir, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas – incluso la dosis personal – en el Distrito Capital, en las siguientes zonas:
- Entornos escolares de Instituciones de educación privadas y públicas. Incluyendo los siguientes niveles de formación: jardines infantiles, educación preescolar, educación primaria, educación secundaria, educación media, educación técnica, educación superior y Centros educativos del Sistema de Responsabilidad Penal Adolecente (SRPA).
- Zonas históricas y de interés cultural: museos, teatros, centros culturales, bibliotecas y Bienes de Interés Cultural (BIC) del ámbito Nacional y Distrital.
- Estadios, coliseos, centros y escenarios deportivos.
- Parques metropolitanos, regionales, vecinales, zonales, y de bolsillo. Según lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
- Plazas y plazoletas.
- Oficinas de entidades públicas del ámbito Nacional y Distrital.
- Instituciones públicas de Protección Social.
- Restaurantes, entornos de bares y gastrobares.
- Sistema de transporte público y masivo de pasajeros: estaciones y paraderos.
- Centros de salud, hospitales y demás Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas y privadas.
Además, este proyecto busca que sean señalizados los lugares donde está prohibido el consumo de sustancias psicoactivas aclarando las personas que infrinjan la normativa tendrán que pagar una multa de 32 salarios mínimos y también se destruirá la sustancia psicoactiva encontrada.
Diago solicitó al Concejo de Bogotá debatir el proyecto de acuerdo para enviarle un mensaje de respaldo a las familias, a los niños que hoy son vulnerables a este veneno de la droga.
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