En medio del debate de seguridad, la concejal reveló las alarmantes cifras de delitos en la ciudad, la inoperancia de la Administración Galán frente al manejo de recursos y estrategias para enfrentar la delincuencia en la capital. Ante esto la concejal solicitó la renuncia inmediata del secretario de Seguridad, César Restrepo. 

La Bancada del Centro Democratico en el Concejo de Bogotá adelantó un debate sobre la gestión del Secretario de seguridad. Durante este, la concejal Diana Diago reveló que el 2024 cerró con 1.208 homicidios, lo que representa un incremento del 11% con respecto al 2023. 

Diago ha alertado que este fenómeno, al igual que los actos de terrorismo, que están ligados directamente con el crecimiento desbordado del microtráfico en la ciudad.

“Bogotá se ha convertido en el escenario de una guerra silenciosa por el control del microtráfico, mientras la administración de Galán ha bajado la guardia en las incautaciones de droga. Esta administración le está dejando la vía libre al consumo y tráfico de drogas. Durante la discusión del Plan de Desarrollo le propuse al Secretario ponernos una meta de incautación de drogas. El Secretario, en su arrogancia, descartó la propuesta, así como tantas otras que hice para mejorar la seguridad de la ciudad y hoy aquí vemos las consecuencias”, mencionó  la concejal reprochando su actuar. 

Las cifras son claras: del 2023 al 2024 las incautaciones de basuco cayeron un 12%, las de cocaína un 44% y las de heroína un alarmante 84%. 

El problema se agrava con la presencia de jíbaros en las inmediaciones de los colegios, donde el expendio de drogas se ha convertido en una amenaza diaria para los jóvenes. 

La concejal Diago señaló: “Son los niños, niñas y jóvenes quienes llevan la peor parte. Hoy los entornos escolares carecen de intervención efectiva por parte del Distrito, parece que los niños no son prioridad para la administración Galán”. 

Al respecto, la cabildante recorrió los colegios Prospero Pinzón en la localidad de Kennedy, Laureano Gomez, Magdalena Ortega y Juan Corral, en la Localidad de Engativá, entre otros, y demostró con pruebas como las afueras de estos colegios están siendo asediadas por los vendedores de droga. 

Jóvenes consumiendo y expendiendo droga en el entorno escolar de la Institución Educativa Japón, en la localidad de Kennedy.

Jóvenes consumiendo y expendiendo droga en el entorno escolar de la Institución Educativa Magdalena Ortega, en la localidad de Engativá.

“No podemos permitir que la droga y la delincuencia se apoderen de los colegios y parques de la ciudad. Exigimos una estrategia contundente, los niños y niñas tienen que ir al colegio seguros y sus entornos deben serlo también. Hemos visto un secretario indiferente, pasivo ante la situación que viven los ciudadanos, por esa razón exijo la renuncia inmediata del secretario”, concluyó Diago.

La concejal Diago exigió la renuncia del Secretario de Seguridad, César Restrepo

Finalmente, durante el debate se mencionó que dentro del Plan de Desarrollo aprobado en 2024, se estableció la meta de reducir la tasa de homicidios de 13,6 a 8 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, lejos de acercarse a este objetivo, la cifra ha aumentado a 15,6, evidenciando el fracaso de la estrategia de seguridad de la Administración Galán. 

Estas denuncias, sumadas a las realizadas previamente por la Concejal en las cuales se expuso que 1.055 vehículos destinados al patrullaje y operativos policiales se encuentran fuera de servicio, mientras el 32% de las cámaras de seguridad de la ciudad se encuentran inoperativas, han llevado a la conclusión de que el Secretario de Seguridad no gerencia, no resuelve pero lo más lamentable no escucha.

“El alcalde Carlos Fernando Galan debe tomar cartas en el asunto. La droga y los jíbaros se están apoderando de nuestros jóvenes, de los entornos escolares y de los parques de la ciudad. Las bandas delincuenciales se deben combatir con mano firme, pero lo más importante: se debe cumplir con la palabra” recordó Diago, mientras se refirió a que en enero de 2024 Galán  prometió el decreto que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público  y ya pasó más de un año y dos meses y los jíbaros siguen a sus anchas.  

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