La Contraloría de Bogotá reportó hallazgos administrativos por atraso en la ejecución del contrato y la Procuraduría General de la Nación abrió indagación disciplinaria por presuntas irregularidades por falta de planeación y controversias contractuales por más de 2000 millones de pesos.

La concejal Diana Diago denunció que el alcalde Carlos Fernando Galán y su secretario de Seguridad no han ejecutado un contrato clave para combatir el crimen en Bogotá. Se trata del contrato SCJ-1904-2023, por más de $14.000 millones, suscrito en diciembre del 2023 con el Consorcio LPR SCC 2024, para la instalación de 200 cámaras LPR que permiten reconocer placas de vehículos utilizados en hechos delictivos y fortalecer el sistema de videovigilancia de la ciudad.

Un año y medio después de la firma del contrato solo se han instalado 50 de 200 cámaras, lo que representa apenas el 25% del componente principal. “La ciudad ya pagó cerca de 7.000 millones de pesos y las cámaras siguen guardadas en una bodega desde julio del año pasado. Esta es una muestra clara de la falta de gerencia del secretario de Seguridad y del alcalde Galán,” mencionó Diago.

La cabildante señaló que el contrato ha tenido dos prórrogas y tres suspensiones, sin que hasta la fecha se haya garantizado su ejecución. “La Secretaría de Seguridad de Claudia Lopez, firmó un contrato sin prever lo más elemental: que la ciudad no tiene la infraestructura eléctrica, ni de conectividad lista para instalar las cámaras, pero esta no puede ser excusa para el secretario de seguridad de Galán,  lavarse las manos y dejar en vilo uno de los contratos más importantes para mejorar la infraestructura para la seguridad que tanto necesita la ciudad”, afirmó.

A pesar de que el contratista entregó los equipos el 16 de julio de 2024, estos continúan guardados, sin uso alguno, mientras los índices de inseguridad crecen. El gobierno de Galán no responde con celeridad, no articula con otras entidades, y deja pasar los días mientras los ciudadanos siguen esperando resultados.

Entes de control le dan la razón

La Contraloría de Bogotá ratificó las denuncias de Diago, en su informe señala presuntas fallas en la planeación del contrato, atrasos en la ejecución del contrato  y la firma de un acta de inicio sin que se cumplieran presuntamente los requisitos legales. El ente de control advirtió que no se han aplicado multas, ni correctivos pese a los incumplimientos y calificó la situación como un hallazgo administrativo por atraso en la ejecución.

Por su parte, la Procuraduría General abrió indagación disciplinaria por presuntas irregularidades, incluyendo el reemplazo de la interventoría externa por supervisión interna de la misma Secretaría, sin respaldo técnico.

“Bogotá tiene las herramientas tecnológicas para combatir el crimen, pero el problema es que no hay gerencia. Mientras los criminales actúan con rapidez, Galán responde con lentitud e improvisación.”, insistió Diago.

La cabildante exigió al alcalde Galán garantizar la ejecución correcta del contrato  y que se  articule con las entidades responsables y necesarias para que entren en funcionamiento.  “No pueden seguir  esperando a que pasen las cosas, es necesario que los contratos se cumplan.”, concluyó la concejal por el Centro Democrático.

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