El respeto por la propiedad privada es uno de los principales derechos sobre el cual se sostienen las democracias. La propiedad privada es la garantía que tienen los ciudadanos para disponer libremente de los frutos de su trabajo sin el temor a que, arbitrariamente, el Estado o un tercero se los arrebate. De lo contrario, se crea un desincentivo para el trabajo, para la consolidación de patrimonios y, en general, para la vida en sociedad.
Es por esto que son muy preocupantes los mensajes de Petro que ponen en duda el respeto de la propiedad privada.
Desde su campaña, Petro intentó mostrarse con una imagen mucho más moderada que la de sus homólogos más cercanos en la región, dejando de lado el discurso de la expropiación y desacreditando con vehemencia cualquier asociación con esa practica antidemocrática.
Sin embargo, la respuesta del nuevo presidente frente a la ocupación ilegal por parte de indígenas del Cauca a un ingenio azucarero, y sus más recientes propuestas y nombramientos ponen en duda el talante anti-expropiación del nuevo mandatario de los colombianos.
La primera respuesta del presidente electo frente a la ocupación ilegal de un terreno azucarero por parte de las comunidades indígenas en el Cauca fue hacer un llamado al diálogo, cuando no hay nada que dialogar frente a una invasión. Se debe proceder con un desalojo y exigir el respeto a la propiedad privada. Así, la respuesta de Petro no solo atenta contra las garantías y libertades de nuestro país, sino que legitima y envalentona a los grupos que se quieren quedarse, de manera ilegal, con terrenos que fueron legítimamente adquiridos y debidamente titulados por privados.
Por otro lado, tras la llegada de Boric al poder en Chile, las redes sociales difundían videos de arrendatarios que se apropiaban de los inmuebles en los que habitaban cambiando las chapas y argumentando que no le iban a volver a pagar al arrendador. Los discursos de los lideres populistas avivan las pretensiones de sectores de la población que creen tener derecho a ocupar los bienes inmuebles de terceros bajo premisas de cumplimiento de reivindicaciones históricas.
No obstante, mientras Boric trató de desalentar estas pretensiones, en Colombia Petro las ha legitimado con la designación de Giovani Yule como director de la Unidad de Restitución de Tierras. En efecto Yule es un líder indígena que desde el CRIC ha promovido la invasión ilegal de tierras en el suroccidente de Colombia.
Pero las amenazas de Petro en contra de la propiedad privada no solo se limitan a estos hechos simbólicos que legitiman la reasignación de la propiedad bajo criterios subjetivos y arbitrarios. Dentro del mismo programa de gobierno de Petro y en las declaraciones de sus ministros hay afirmaciones mucho mas preocupantes: Una de ellas es la idea de subir impuestos a la tierra para que, ante la imposibilidad de pagar los impuestos, los propietarios tengan que venderlas baratas al Estado.
Esto no solo es antietico, pues es una intervención del estado en el mercado para pagar un bajo costo por las tierras, sino que es ilegal es dos frentes:
Primero, en los tratados bilaterales de protección de inversiones, prácticas como esta son consideradas una expropiación indirecta e implica grandes multas y sanciones para los Estados que incurran en ella. Por ejemplo, en un fallo de arbitramento del TLCAN se establece que la expropiación incluye tanto “la confiscación de la propiedad (…) tal como una transferencia formal de títulos a favor del Estado receptor” como “una interferencia disimulada o incidental del uso de la propiedad que tenga el efecto de privar, totalmente o en parte significativa, al propietario del uso o del beneficio económico (…)” (Laudo del 30 de agosto del 2000, caso Metalcad vs. México sobre la diferenciación entre expropiaciones directas e indirectas).
Segundo, la competencia sobre los impuestos a los bienes inmuebles la tienen los gobiernos locales. Es decir, con esta propuesta, Petro pretende usurpar las competencias de los alcaldes, dándole mucho mas poder al gobierno central y dejando sin margen de maniobra a los gobiernos locales en contravía del principio de descentralización.
Así, la debilidad de Petro frente a la protección de la propiedad privada no solo va en contra de la ley, sino que también le abre a la puerta a que en el futuro se llegue a medidas tan drásticas como la expropiación de los inmuebles de personas que tengan más de un apartamento para repartirlos entre los ciudadanos que no tengan vivienda propia. Pero incluso, si no se llega a este escenario extremo los mensajes de Petro generan un desincentivo y falta de confianza entre quienes planean hacer negocios en el país, dado que no tendria sentido hacer adquisiciones si estas pueden ser reasignadas arbitrariamente por el Estado.
