En Plan Distrital de Desarrollo presentado por la Alcaldesa Claudia López, hay un Orangután. 

Este es el artículo 36 que en resumen, abre la puerta para contratar, “a dedo” por 6 meses, un listado de rubros  entre los que se incluye la «bobadita» de proyectos  de infraestructura  y espacio público.

Este artículo va en contra de años de lucha contra la corrupción. Contraviene los principios básicos de la contratación transparente y objetiva que rigen en Colombia y es un abuso a la excepción de urgencia manifiesta contemplada en la Ley 80 de 1990. 

Es increíble que la auto proclamada paladín de la anticorrupción se atreva a incluir un orangutan de este calibre, que viola la ley y desborda sus competencias funcionales como Alcaldesa.

En junio del año pasado, la oficina de Transparencia por Colombia, en las Recomendaciones para la fortalecer la lucha contra la corrupción, advirtió que dos de las principales prácticas que afectan la contratación pública en Colombia son precisamente la contratación directa y el abuso de las excepciones en la Ley 80:

“Una revisión de 17 años de resultados del ITEP, estudios, investigaciones, análisis de los últimos años y entrevistas con expertos muestran que las principales dimensiones que afectan la contratación pública en Colombia y que son abordadas a través de estas recomendaciones, son:

• Los excesos de contratación directa por parte de las entidades públicas en todos los niveles de la administración.
• Abuso de los regímenes especiales que permiten evadir la obligatoriedad del Estatuto General de la Contratación (en adelante EGC).” 

Lamentablemente, esto es lo que pretende hacer la alcaldesa. El descaro es inaudito.

La corrupción le ha quitado a Bogotá más de medio billón de pesos entre 2016 y 2019 (Transparencia por Colombia, 2019) y no es casual que el sector más afectado sea el de la Infraestructura y construcción. No podemos permitir que esto siga ocurriendo en la ciudad. Debemos cerrarle la puerta de inmediato, retirando el  artículo 36 que pretende incluir la Alcaldía en el nuevo plan de desarrollo. 

Contratar obras de infraestructura evadiendo los requisitos legales nos expone a un nuevo Carrusel de la Contratación. Recordemos que este escándalo involucró al exalcalde Samuel Moreno y dejó en evidencia cómo se negociaban comisiones para la adjudicación de millonarios contratos del Distrito. Si esto sucedió bajo la aplicación normal del régimen de contratación, ¿que se puede esperar si permitimos que la Alcaldesa contrate a dedo?

Por estas razones, le pido a todos los Concejales de Bogotá que respalden mi solicitud de retiro de este artículo. Tienen la opción de ser héroes o de convertirse en cómplices de la corrupción. 

Bogotá merece contratación transparente y funcionarios comprometidos con la legalidad. 

Diana Marcela Diago Guaqueta 

La Concejal de La Ciudadanía