[Bogotá D. C., 09 de noviembre de 2020] Hoy se aprobó en el Concejo de Bogotá mi Proyecto de Acuerdo, el cual establece que todos los funcionarios directivos del Distrito deben presentar, publicar y divulgar su declaración de renta, así como registrar los conflictos de intereses a los que se puedan ver enfrentados en su condición de funcionarios y empleados públicos.
Esta decisión es un respaldo a la ciudadanía y la protección de los recursos públicos, dineros que salen de los bolsillos de todos los bogotanos. A través de esta iniciativa será posible identificar las variaciones injustificadas en el patrimonio de los corruptos.
Y es que justamente la capital ha sido víctima de escandalosos hechos como el Carrusel de la contratación, en donde la construcción de la tercera fase de Transmilenio y la troncal de la Calle 26 representaron la pérdida de más de 100 millones de dólares, según el contratista Miguel Nule. Otro indignante caso fue el del cartel de empresas y fundaciones que entregaban alimentos al Programa de Alimentación Escolar (PAE) con sobrecostos aproximados de $1,5 billones de pesos. Por otro lado, cifras del informe de Monitor Ciudadano han señalado que las ciudades donde se registra la mayor cantidad de hechos de corrupción son Bogotá (7 %), Barranquilla (7 %), Bucaramanga (6 %), Cartagena (6 %) y Medellín (3 %). En la capital, el sector más afectado por la corrupción fue el de Infraestructura y Transporte.
Los bogotanos han manifestado de innumerables formas su preocupación e indignación por los evidentes casos en los que funcionarios públicos se han lucrado inescrupulosamente con los dineros de la ciudadanía. Por esta razón, la aprobación de este proyecto se convierte en un mecanismo más para reducir la corrupción en las instituciones distritales y generar en los funcionarios públicos una cultura de trasparencia.
La implementación de esta normatividad es una medida pertinente que conducente a combatir la corrupción y prevenir actos de dicha índole. La publicación de la declaración de renta y el patrimonio de los funcionarios puede ser auditado por la ciudadanía en general, actividad que da cumplimiento no solo a un mandato de ley, sino que promueve la veeduría y control de los recursos por parte de toda la comunidad.
DIANA DIAGO
Centro Democrático
