Se trata de Jairo Aldana, el representante legal de Consorcio J.A. Coral II, quien suscribió el contrato 001-2022 con la Caja de Vivienda Popular, que buscaba intervenir 84 viviendas en la localidad de Usme y no entregó ninguna. Este contrato se dio en el marco del Plan Terrazas, la fracasada estrategia de Claudia López para mejorar viviendas en condiciones vulnerables.