En las alcaldías locales de Bosa, de Usme y de Sumapaz contrataron empresas que no están habilitadas para prestar servicios de salud. La concejal Diago denunció presuntas irregularidades en contratos por más de 4.000 millones de pesos.
La concejal Diana Diago le sigue poniendo la lupa a la contratación de las alcaldías locales. Ahora, denunció presuntas irregularidades en los contratos 290 de 2023, de la alcaldía local de Bosa, 667 de 2022 de la alcaldía local de Usme y 519 de 2023 de la alcaldía local de Sumapaz.
“Las alcaldías locales no pueden seguir siendo un fortín de los politiqueros para desangrar los recursos de los bogotanos, mucho menos, para temas tan delicados como la salud. Es inadmisible que estos contratos sean celebrados con empresas toderas que buscan presuntamente cualquier documento para ganar licitaciones. Un llamado a los entes de control para que investiguen estas presuntas irregularidades,” mencionó la concejal Diago.
Caso Bosa: Un contratista sin registro para prestar servicios de salud
El 11 de mayo de 2023 la alcaldía local de Bosa suscribió el contrato 290 de 2023 por 1.000 millones de pesos con ENTIS LABORATORIO ORTOPÉDICO S.A.S. con el objeto de: “prestar los servicios para la valoración, adquisición, entrega, entrenamiento, seguimiento y mantenimiento de los Dispositivos de Asistencia Personal. Ayudas Técnicas, que no se encuentren incluidos en el plan de beneficiarios – PBS, en la localidad de Bosa”.
Dentro de las obligaciones, el contratista tuvo que realizar valoraciones en salud con el fin de prescribir dispositivos médicos, sin embargo, la concejal Diago le puso la lupa a este contrato y encontró que el contratista no está habilitado.
Por medio de la respuesta a un derecho de petición enviado a la Secretaría de Salud de Bogotá, la cabildante evidenció que el contratista no se encuentra inscrito a nivel nacional en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), lo que presuntamente lo inhabilita para hacer valoraciones médicas.
Respuesta a Derecho de Petición enviado por la Secretaría de Salud de Bogotá a la Concejal Diana Diago
Adicional, la concejal solicitó a la Contraloría de Bogotá a través de otro derecho de petición, un concepto para conocer si las empresas que no están registradas en el REPS, pueden contratar servicios de salud, a lo que el ente de control contestó que según “el Decreto 780 de 2016 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social establece la responsabilidades para contratar en estos términos: Para efectos de contratar la prestación de servicios de salud el contratante verificará que el prestador esté inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, RESP.”
Respuesta a Derecho de Petición enviada por la Contraloría de Bogotá a la Concejal Diana Diago
“¿Cómo es posible que la alcaldía local de Bosa haya suscrito un contrato con esta entidad que no cuenta con el registro especial de prestadores de servicios en salud? No hay derecho a que jueguen con la salud de la ciudadanía, especialmente de las personas en condición de discapacidad. Este hallazgo que conlleva una presunta irregularidad en el proceso de contratación, ya fue enviado desde mi despacho a los entes de control para que investiguen y sancionen a los responsables.”
Caso Usme: Entrega de certificaciones falsas
El 20 de febrero del 2023 la alcaldía local de Usme suscribió el contrato 667 del 2022 con la Unión Temporal “Usme sano y salvo” cuyo objeto es “implementar acciones de promoción y prevención en salud de la localidad de Usme” por medio de actividades de promoción y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en adolescentes, acciones de cuidado y protección para mujeres gestantes, niños y niñas migrantes, ayudas técnicas a través de dispositivos de asistencia personal y actividades alternativas de salud para personas con discapacidad y sus cuidadores.
Diago revisó detalladamente este contrato y encontró que una de las empresas que hace parte de la unión temporal entregó presuntamente certificados falsos para el desarrollo de las actividades.
Como se evidencia en el estudio previo del contrato, se solicitó un profesional con especialización y 2 años de experiencia en “coordinación de proyectos comunitarios y/o de salud y/o con adolescentes y jóvenes.” Para comprobar la información, la concejal solicitó por medio de un derecho de petición a la alcaldía local, las hojas de vida de los profesionales del proyecto donde mencionan que la coordinadora cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos en salud.
Certificación laboral expedida por la corporación Digerati como respuesta al Derecho de Petición
Sin embargo, Diago corroboró la información a través de un derecho de petición solicitado a la Corporación que emitió el certificado laboral de la coordinadora del proyecto. La entidad le respondió que no han suscrito contratos de salud dirigidos a población vulnerable, en condición de discapacidad y a sus cuidadores.
Respuesta al Derecho de Petición enviado por la Concejal Diana Diago
Para la concejal Diago, esto es engañar a la ciudadanía, ya que es increíble que jueguen con la salud de los bogotanos. “¿Que se puede esperar de entidades que, presuntamente, publican certificaciones falsas para quedarse con contratos que rondan los 3.000 millones de pesos?. Esto no puede pasar de agache, los contratistas del Distrito y las alcaldías locales deben responder ante estas denuncias,” mencionó Diago.
Caso Sumapaz: Certificados de experiencia de contratos inconclusos
En 2023 la alcaldía local de Sumapaz suscribió el contrato CPS-519-2023 con la FUNDACIÓN SOCIAL VIVE COLOMBIA – FUNVIVE 2.0 con objeto: “Prestar los servicios para implementar acciones de promoción y prevención en salud de la localidad de Sumapaz teniendo en cuenta el enfoque diferencial y territorial a través de los proyectos 1643 mejores condiciones de salud en la ruralidad y 1645 prevención de embarazo.”
Al ponerle la lupa a este proceso de contratación, Diago encontró que el contratista como experiencia presentó el certificado del convenio N°473 de 2020 con el Ministerio de Salud, sin embargo, el contrato fue terminado anticipadamente por presunto incumplimiento, es decir, no recibió satisfacción. Por lo tanto, no puede certificar esta experiencia en el proceso de contratación con la alcaldía local de Sumapaz, porque en los pliegos de condiciones se solicita específicamente “acreditar la experiencia con máximo 3 contratos ejecutados, terminados y recibidos a satisfacción con anterioridad a la fecha de cierre”.
Pliego de condiciones del CPS-519-2023. Fuente SECOP II
Fuente: SECOP II
Para Diago, la contratación de las alcaldías locales no puede seguir siendo la caja menor, ni el fortín de los politiqueros. Es inaceptable que se juegue con la salud de los bogotanos. Ninguno de ellos está habilitado para prestar servicios de salud. No se pueden seguir presentando hechos como estos, en los que presuntamente las fundaciones, corporaciones y empresas se acomodan para ganar contratos, incluso con certificaciones falsas. Un llamado a los entes de control para que verifiquen a detalle estos contratos y se sancione a los responsables.
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Para mayor información / Oficina de Prensa Diana Diago / prensa@dianadiago.com / 3208252760