A través de su cuenta de X, Diana Diago denunció el presunto direccionamiento de un contrato de más de 220 millones para prevenir el embarazo adolescente en la localidad de Tunjuelito y presuntas irregularidades en otro contrato de 160 millones para capacitar vendedores informales.
Diago denunció un presunto direccionamiento de un contrato para prevención de embarazo adolescente por 223 millones de pesos adjudicado por Joseph Plazas, Alcalde Local de Tunjuelito, un funcionario cercano a la exalcaldesa Claudia López que ha sido mantenido en el cargo por el alcalde Carlos Fernando Galán.
Diago denunció que en los estudios previos y en el pliego de condiciones, del proceso FDLT-SAMC-207-2024 se exigieron marcas específicas, como termos de la marca IMUSA y cabinas de sonido TURBOSOUND. Para la Concejal estas exigencias limitan la competencia y benefician a ciertos proveedores, lo que vulnera el principio de transparencia, la selección objetiva el derecho a la competencia.
Para Diago exigir marcas específicas excluye a otros oferentes y limita una competencia justa y abierta, lo que compromete la transparencia en la contratación pública.
Además, Diago denunció que el contrato incluye gastos que no tienen nada que ver con la prevención del embarazo adolescente. Se gastarán 22 millones de pesos para llevar a 80 madres gestantes a un SPA, lo que ha sido calificado por la concejal como un presunto gasto injustificado. “¿Qué tienen que ver las madres gestantes con la prevención del embarazo adolescente?”, cuestionó la cabildante.
Además, se destinarán 40 millones de pesos para un evento de cierre de máximo 6 horas: en tarimas, más de 300 refrigerios y sonido. “¿Por qué no se invierte ese dinero en fortalecer las capacitaciones y apoyar verdaderamente a los jóvenes en la prevención del embarazo?” Aseguró la cabildante quien hizo un llamado al alcalde Galán por la falta de coherencia entre esta contratación y el decreto de austeridad del distrito.
La concejal Diana Diago también denunció el proceso FDLT-SAMC-016-2023, cuyo objetivo era capacitar a vendedores informales en la localidad de Tunjuelito. Diago cuestionó la entrega de celulares a personas que presuntamente no estaban inscritas en el Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI), un requisito fundamental para ser beneficiario.
Se gastaron 60 millones de pesos en celulares y pólizas, pero para realizar la capacitación en marketing digital, que es uno de los elementos más importante, solo destinan 8 horas. «¿Son suficientes 8 horas para que los vendedores ambulantes puedan migrar al marketing digital? aseguró la cabildante.
Posteriormente, Diago denunció otro presunto direccionamiento en el proceso FDLT-SAMC-213-2024, cuyo objeto es: Prevención del feminicidio. En el estudio previo del contrato se solicitaron marcas específicas como Turbosound y Audiopro, para el suministro de audio en los eventos. Lo cual limita presuntamente la participación de otros oferentes y estaría violando las normas de contratación pública en Colombia.
Diago hizo un llamado al alcalde local Joseph Plazas para que revise los conceptos de Colombia Compra Eficiente y garantice la transparencia en los procesos contractuales.
La concejal le exigió respuestas al alcalde local y cuestionó la coherencia del Galán y de su secretario de gobierno por la falta de control a las alcaldías locales que siguen siendo la rueda suelta del distrito, pero sobretodo no entiende porque mantienen funcionarios de la exalcaldesa Claudia Lopez, despues de 10 meses de gobierno Galan.
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