La concejal de Bogotá Diana Diago denunció nuevamente que el Centro de Traslado por Protección (CTP) que hace parte del Centro Integral de Justicia de Campo Verde, ubicado en la localidad de Bosa, continúa sin entrar en operación, a pesar de haber sido entregado en julio de 2022. 

El pasado 23 de enero de 2025, la concejal Diago alertó públicamente sobre la inoperancia del CTP, señalando que este espacio, en el que se invirtieron más de 74.000 millones de pesos, fue concebido para proteger la vida de ciudadanos en riesgo y para asegurar el traslado adecuado de personas que representan un peligro para terceros. 

En aquella denuncia, Diago también expuso que la falta de funcionamiento del Centro estaba profundizando la vulnerabilidad de mujeres víctimas de violencia, pues Medicina Legal operaba con horarios limitados en el complejo, obligando a las afectadas a desplazarse a otros puntos o a esperar hasta el día siguiente para recibir atención. “En una ciudad donde las riñas y la violencia intrafamiliar son el pan de cada día, es inadmisible que este centro permanezca cerrado”, declaró en ese momento.

El pasado 20 de octubre, la Concejal Diago recibió una nueva respuesta a un Derecho de Petición que envió a la Secretaría de Seguridad,  donde informan que la entrada en funcionamiento del CTP está proyectada para diciembre de 2025. Sin embargo, la operación aún se encuentra en etapa precontractual, es decir, ni siquiera existe actualmente un contrato firmado que garantice que el Centro iniciará operación en la fecha anunciada.

“Durante dos años la administración Galán no ha hecho nada para poner a funcionar un equipamiento que ya está listo. Es inconcebible que en medio de una ciudad donde la inseguridad es el principal problema, se permita el abandono de una infraestructura tan importante. Bogotá no se puede permitir promesas vacías mientras la violencia sigue creciendo”, afirmó Diago.

La falta de planeación también dejó inactiva la URI de Campo Verde

La misma respuesta al derecho de petición reveló que la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Campo Verde también mantuvo suspendida su operación desde 2023, debido a una orden judicial. Dicha orden señalaba la inexistencia de protocolos de seguridad y un plan de acción para atender situaciones críticas como asonadas, amotinamientos o intentos de fuga, especialmente teniendo en cuenta que alrededor del complejo existen colegios, jardines infantiles, parques y conjuntos residenciales.

Solo hasta el 23 de septiembre de este año, dos años después de la inauguración, se presentaron y aprobaron dichos protocolos, por lo que la URI apenas está iniciando su proceso de reactivación.

“Esto demuestra una falta absoluta de planeación y coordinación por parte de la administración distrital. No solamente el CTP está cerrado, sino que la URI, que debía operar para atender delitos y garantizar justicia rápida, estuvo suspendida por no haber previsto algo tan básico como protocolos de seguridad. La administración Galán ha sido irresponsable”, enfatizó Diago.

Inseguridad en aumento: las mujeres siguen siendo las más afectadas

La inacción frente a estos equipamientos ocurre en un contexto alarmante para la seguridad de las mujeres en Bogotá. Con corte a septiembre de 2025, los casos de violencia intrafamiliar aumentaron 18,8% respecto al mismo periodo del año pasado, llegando a 37.744 casos, es decir, 5.062 hechos más. El 71,8% de las víctimas son mujeres.

“Mientras las cifras de violencia intrafamiliar siguen creciendo, la ciudad mantiene cerrado un centro que podría brindar protección inmediata y reducir riesgos. Galán no solo está fallando en seguridad, está fallando en la protección a las mujeres”, añadió la concejal.

Diago hizo un llamado urgente al Distrito para activar de manera inmediata la operación del CTP y garantizar la plena reactivación de la URI de Campo Verde: “Bogotá no necesita más anuncios ni excusas burocráticas. Necesita gestión, eficacia y compromiso real con la seguridad ciudadana. El Distrito tiene la obligación de actuar ya.”

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