La concejal Diana Diago denunció negligencia en la instalación de 200 cámaras LPR en Bogotá, advirtiendo que mientras la ciudad enfrenta una crisis de inseguridad y los entes de control alertan sobre fallas en la planeación, el alcalde Galán y su secretario de Seguridad priorizan su imagen antes que la protección de los ciudadanos.
La concejal Diana Diago recordó que desde hace más de dos años viene denunciando la falta de instalación de las cámaras LPR en Bogotá, pese a que la ciudad enfrenta una grave crisis de inseguridad. Señaló que estas cámaras, al permanecer almacenadas y sin uso, no solo representan un desperdicio de recursos públicos, sino que además corren el riesgo de perder vigencia y quedar obsoletas frente al rápido avance de la tecnología.
Las cámaras LPR son herramientas de alta tecnología que sirven para capturar imágenes o vídeos de vehículos en movimiento y que mediante algoritmos pueden organizar la información en tiempo real y contrastar con la información judicial que reposa en los archivos de la policía.
“En pocas palabras, cuando un ciudadano denuncie que fue víctima de un delito, y se logre identificar la placa del vehículo utilizado a través de estas cámaras, esto quedará en un registro” mencionó la concejal Diago.
El 60% de las cámaras aún no están instaladas, razón por la cual la Concejal cuestionó a la Secretaría de seguridad por la no instalación de estas. La información es fruto de una respuesta a un derecho de petición enviado a la secretaría.
En el documento, queda en evidencia la falta de planeación de la secretaría de seguridad, llevamos dos años esperando que se instalen estas cámaras, que son necesarias para la seguridad, mencionó la Concejal.
Pero esto no es todo, en el último informe de la Contraloría de Bogotá publicado en junio de 2025 quedó en evidencia que las cámaras están guardadas en cajas. Tal como lo denunció la concejal a través de su cuenta de X.
El contrato SCJ-1904-2023, firmado en diciembre de 2023 debió finalizar el 5 agosto del 2024, sin embargo, ha sido suspendido y se han realizado varias prórrogas, la última se encuentra vigente hasta el 27 de noviembre de 2025.
Sin embargo, la concejal reiteró que para diciembre de 2024 se le había notificado que se encontraban instaladas 50 cámaras por toda la ciudad, lo que genera cuestionamientos en la ejecución del contrato, ya que 10 meses después instalaron sólo 30 más.
“Hay un problema gravísimo en la ejecución contractual, mientras van de prórroga en prórroga la ciudad está viviendo los años más difíciles en materia de seguridad: es la capital más peligrosa del país. La ciudad pasa por esta crisis y el secretario no gerencia, ni gestiona de forma célere los proyectos que fortalecen la infraestructura para la seguridad, y de paso guarda la plata en los bancos,” denunció la concejal Diago.
Ante las alertas emitidas por la cabildante, en diciembre del 2024, la Contraloría de Bogotá reportó hallazgos por falta de planeación y atraso en la ejecución, advirtiendo que ni siquiera se han aplicado sanciones pese a los incumplimientos.
Por su parte, la Procuraduría abrió indagación disciplinaria por presuntas irregularidades en el manejo de más de $2.000 millones de pesos y la sustitución irregular de la interventoría.
Incluso ante los hallazgos emitidos por los entes de control, el Secretario de Seguridad no ha hecho mayor cosa para agilizar la ejecución del contrato, pues sólo se han instalado 80 de 200 cámaras en la ciudad, distribuidas de la siguiente forma:
| Suba | 5 |
| Fontibón | 9 |
| Usaquén | 7 |
| Antonio Nariño | 8 |
| Tunjuelito | 15 |
| Bosa | 4 |
| Usme | 6 |
| Los Mártires | 5 |
| San Cristóbal | 4 |
| Rafael Uribe Uribe | 3 |
| Barrios Unidos | 10 |
| Kennedy | 4 |
La instalación de las cámaras LPR no solo es un asunto contractual: es un compromiso con la vida y la seguridad de los bogotanos. Diana Diago exige resultados, no excusas, se necesita que Carlos Fernando Galán asuma la supervisión directa de este contrato y articule las entidades distritales necesarias para poner en marcha, de inmediato, la totalidad de las cámaras.
“No pueden seguir esperando a que pasen las cosas. Es momento de que los contratos se cumplan y de que Bogotá deje de perder tiempo y dinero, mientras sí lo gana el crimen”, Diago.
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