Tras múltiples denuncias de presunta corrupción hechas por la concejal Diago, la cabildante solicitó a la administración de Carlos Fernando Galán la renuncia del alcalde local de Rafael Uribe Uribe, Eduard Quintana, la cual fue aceptada.
Señala la concejal que el control político sí sirve y clara muestra de esto es la renuncia de Quintana. “Celebro que el trabajo de control político dé resultados. Quienes sean denunciados por presunta corrupción deben responder ante los entes de control y a la ciudadanía, los recursos públicos son para solucionar las diferentes problemáticas de las comunidades,” mencionó la cabildante.
Fragmento de la solicitud de renuncia.
Antes de su retiro, Quintana decidió suscribir 55 contratos en sus últimos 2 días como alcalde local de Rafael Uribe Uribe. “Es increíble que este ex funcionario, pupilo de Claudia López, haya suscrito contratos hasta las 11:57 de la noche del 14 de marzo, su último día como funcionario,” mencionó Diago.
Pantallazo de SECOP.
Casos de presunta corrupción
Desde el periodo pasado en el Concejo de Bogotá, Diago denunció varios casos de presunta corrupción en la localidad. Entre ellos, familias completas contratadas en la localidad de Rafael Uribe Uribe cuando una de las banderas del gobierno de Claudia López era el programa Talento No Palanca, con el que buscaba mitigar el clientelismo.
“Esto es el colmo. Las banderas anticorrupción del gobierno de Claudia López fueron una mentira. Usaron las alcaldías locales y entidades del Distrito para pagar presuntos favores políticos”: Diago.
Adicional, Diago denunció el presunto direccionamiento de contratos y la compra de teclados y mouses con sobrecostos de hasta el 500% destinados para las instituciones educativas de Rafael Uribe Uribe.
Asimismo, la cabildante distrital denunció que en la alcaldía local se suscribió el contrato FDLRUU-CD-300-2021 con ASOJUNTAS el cual buscó «formar a los dignatarios y/o ciudadanía de las Juntas de Acción Comunal (JAC) en temas básicos de manejo de acciones comunales». Sin embargo, algunos de los capacitadores y contratistas no cumplían al parecer con el lleno de requisitos para ejecutar el contrato, tal como lo señalaba el anexo técnico.
La más reciente denuncia realizada por la concejal Diago fue la contratación de familiares, para presuntamente pagar favores políticos, pues Quintana suscribió un contrato por 70
millones de pesos para beneficiar la pareja del actual director del IPES, Alejandro Rivera. Sin quedarse atrás, Rivera suscribió 3 contratos para la esposa de Quintana, inicialmente cuando fue alcalde de la localidad y luego, como director del IPES.
“¡Qué tal esto! Tú me contratas a mi pareja y yo contrato a la tuya. Celebro la renuncia de Quintana. Seguiré poniéndole la lupa a las entidades del Distrito y a las alcaldías locales para defender los intereses de los bogotanos,” concluyó Diago.
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