Se trata de Jairo Aldana, el representante legal de Consorcio J.A. Coral II, quien suscribió el contrato 001-2022 con la Caja de Vivienda Popular, que buscaba intervenir 84 viviendas en la localidad de Usme y no entregó ninguna. Este contrato se dio en el marco del Plan Terrazas, la fracasada estrategia de Claudia López para mejorar viviendas en condiciones vulnerables. 

Los proyectos de mejoramiento de vivienda que dejó Claudia López a medias, le están pasando factura a más de 143 bogotanos y sus familias quienes salieron de sus casas esperando que fueran intervenidas y ahora nadie responde por las obras a medias. 

En el Plan de Desarrollo, la exalcaldesa prometió 1250 acuerdos para mejorar las viviendas de zonas vulnerables en las localidades de Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, esta estratégia la denominó: Plan Terrazas. 

Con este plan buscó subsidiar a cada familia con alrededor de 63 millones de pesos para el mejoramiento de vivienda, entre ellos, 6 millones para acabados y 500.000 pesos para el arriendo por un periodo de tiempo para las familias que tuvieron que salir de sus casas mientras se intervenía por las obras.

Fotografías del mal estado de las viviendas tras la entrega.

Para hacer realidad los sueños de 1250 bogotanos se suscribieron contratos de obras, de interventorías y de bancos de materiales. 11 fueron contratos de obra que se suscribieron por alrededor de 58.000 millones de pesos. Al revisar a detalle el proceso, la concejal Diago encontró que 4 de estos contratistas presentan presuntas irregularidades, entre ellos, el Consorcio J.A. Coral II, representado por Jairo Aldana, el cuestionado contratista. 

¿Recursos en manos de quién?

El consorcio J.A. Coral II suscribió el contrato  1 de 2022, por valor 4.565 millones de pesos con el siguiente objeto: “Ejecutar las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de vivienda progresiva en el marco del plan terrazas, a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste a monto agotable, de acuerdo con los proyectos estructurados por la caja de la vivienda popular y en los territorios priorizados por la secretaría distrital del hábitat, grupo 2.”

La concejal Diago denunció presuntas irregularidades en los procesos precontractuales y contractuales de este contratista, debido a que inicialmente el consorcio fue rechazado jurídicamente dos veces para ejecutar contratos, sin embargo, “la tercera es la vencida y en Bogotá esto pasó de agache, no se tuvo en cuenta el doble rechazo jurídico que significa una posible alerta de que algo olía mal” mencionó la concejal Diago. 

En el proceso precontractual se notificó a la entidad, que Jairo Aldana, representante legal del 95% del consorcio J.A. Coral II, tiene presuntamente un proceso penal en su contra, de acuerdo con los documentos que reposan en SECOP, razón por la cual el contratista fue rechazado jurídicamente. 

Este contratista bastante cuestionado ya que enfrenta presuntamente un proceso penal abierto por lavado de activos y financiación del terrorismo. Además, hizo parte de la Unión Temporal que ganó el cuestionado contrato de las ambulancias en Bogotá por el que fue condenado Samuel Moreno. 

“¿Qué está pasando en las oficinas de contratación de las entidades distritales?¿Acaso las cabezas de los sectores no se dan cuenta con quién están contratando? Este es un mal mensaje para los bogotanos, ¿cómo es posible que personas presuntamente cuestionadas suscriban contratos con el Distrito?”, señaló la concejal Diago. 

En el proceso contractual del Plan Terrazas con la Caja de Vivienda Popular, este contratista tenía la tarea de intervenir 84 viviendas en la localidad de Usme, sin embargo, en respuesta a un derecho de petición solicitado por la concejal Diago, se evidencia que el contratista no ha entregado ninguna.

“Los bogotanos  más vulnerables llevan esperando más de 3 años el mejoramiento de sus hogares y Claudia López jugó con sus esperanzas,  los dejó esperando el arreglo de sus casas. La tarea de la administración Galan es solucionar de manera rápida y efectiva los problemas de las mejoras de las viviendas y también buscar que los incumplimientos del contratista no queden en nada, es deber de esta administración solicitar la efectividad de las pólizas y de la cláusula penal,  correspondiente, pero al día de hoy, no se sabe cómo va el proceso,” señaló la concejal Diago, quien solicitó a los entes de control supervisar a detalle estos contratos y exigió al alcalde Galán sancionar a los contratistas que no entreguen a tiempo los resultados esperados. 

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