La concejal de Bogotá Diana Diago envió una carta al contralor general de la república, Carlos Hernán Rodríguez, y al contralor de Bogotá, Julián Ruiz, para que realice el control fiscal necesario al contrato de concesión de la primera línea del metro y se protejan los recursos públicos de los bogotanos.
A raíz de los pronunciamientos del Gobierno Nacional, frente a la construcción de la primera línea del Metro, la concejal de Bogotá, Diana Diago, envió carta al Contralor de la República, Carlos Hernán Rodríguez, y al contralor de Bogotá, Julián Ruiz, para que prevengan los daños fiscales y actúen de inmediato ante la propuesta de modificar el contrato de concesión de la primera línea del metro de Bogotá, mediante la cual, se busca subterranizar una parte del mismo.
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En entrevista con el diario La República, la Empresa Metro de Bogotá afirmó que si se llega a aprobar la construcción subterránea desde la primera de mayo hasta la calle 72, el sobre costo de la modificación sumaría más de 15 billones de pesos, a precios de 2017.
El metro de Bogotá es una necesidad para solucionar el desastre de movilidad que tenemos hoy en día.
Ante lo anterior, la concejal solicitó “a los contralores, de la República y del Distrito, respectivamente, que pongan la lupa sobre el contrato de concesión de la Primera Línea del Metro, para que se pueda evitar la generación de mayores sobrecostos o la ocurrencia de un daño patrimonial”.
Para la cabildante, modificar la obra de la primera línea del metro significaría:
- Más sobrecostos de más de 15 billones de pesos para la construcción del Metro y más desangre financiero para Bogotá.
- Otra generación sin metro, porque ya no podrá utilizarse para el 2028, sino hasta 2034.
- Un desastre en la movilidad de Bogotá por la desconexión con los demás proyectos de transporte.
- Impacto paisajístico, de seguridad y espacio público en todos los predios que ya se habían comprado y pueden quedar abandonados.
- Líos y demandas jurídicas para el distrito.
Por esta razón, la concejal Diago, solicitó al ente de control, como máximo órgano de vigilancia y control fiscal, que proteja el interés general y los recursos de los bogotanos y de la Nación.
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